Proyecto Pro.Vi

PROYECTO PRO.VI – PROTECTING VICTIMS’ RIGHTS

La Asociación Consensus desarrolla en España las actividades del Proyecto Europeo PRO.VI – PROTECTING VICTIM’S RIGHTS , centrado en la protección de las víctimas de delitos.

Cofinanciado por el Programa de Justicia de la Comisión Europa. (Convocatoria JUST-JACC-AG-2017)

Promovido y liderado por:

  • ISTITUTO PSICOANALITICO PER LE RICERCHE SOCIALI ASSOCIAZIONE (Italia)

https://www.iprs.it/en/progetti/pro-vi-protecting-victims-rights/

Entidades socias:

  • CONSENSUS (España)
  • UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESA (Portugal)
  • CHRISTLICHES JUGENDDORFWERK DEUTSCHLANDS GEMEINNUTZIGER EV (CJD) (Alemania)
  • Universidad de Timisoara. Rumanía.

 Entidades públicas que apoyan el Proyecto:

  • Diputación da Coruña
  • Unidad de Psicología Forense de la Universidad de Santiago de Compostela.
  • Ministerio de Justicia. Italia,
  • Ministerio de Justicia. Alemania
  • Secretaría de Igualdad. Portugal,
  • FUNDATIA PRO PRIETENIA ARAD (Rumanía)

La transposición de la Directiva 2012/29/EU a los países miembros de la Unión Europea ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar las competencias de los profesionales que trabajan en Europa con las víctimas de delitos. Las víctimas deben ser informadas de sus derechos desde el principio y en todas las fases del procedimiento. Todos los profesionales que trabajan con ellas deben conocer los derechos que establece la Directiva y ser capaces de proporcionarles la información adecuada.

Para reforzar las competencias de los profesionales, es preciso conocer el nivel de protección de las víctimas de delitos, en la práctica,  en los distintos sistemas nacionales de los países socios del Proyecto e, igualmente, los factores que limitan el acceso de las víctimas a los servicios de información, protección y apoyo; el tratamiento que se proporciona a las víctimas pertenecientes a grupos vulnerables y los obstáculos que dificultan la creación de un sistema de protección integral efectivo.

Objetivo general del Proyecto: 

Mejorar la eficacia y la capacidad de apoyo a las víctimas del delito en los países socios, partiendo de la evaluación de la situación actual de los sistemas nacionales de protección de víctimas, para poder comprender y abordar con éxito los desafíos futuros.